Académica fue parte de actividad organizada por el Colegio de Abogados de Valparaíso.
Un análisis sobre el sistema penitenciario con enfoque de género y la situación de la libertad condicional en el caso particular de las mujeres, realizó la profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Marcela Aedo, en un seminario digital organizado por el Colegio de Abogados junto a sus pares a nivel nacional.
La actividad titulada “Libertad condicional y sistema penitenciario” fue encabezada por Alejandro Gómez, presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso, y contó con la presencia de representantes de las diferentes entidades gremiales de Arica a Punta Arenas.
En su intervención, la académica planteo las razones por las cuales el sistema penitenciario chileno adolece de un enfoque de género, “sin tomar en cuenta las necesidades especiales y la situación y el contexto de las mujeres que se encuentran privadas de libertad”. Además, hizo referencia al contexto del derecho internacional de los derechos humanos, cómo esto si ha sido incorporado, “y cómo las recomendaciones emanadas de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) han señalado al estado de Chile que aún no tiene la capacidad de incorporar la perspectiva género, con relevantes implicaciones prácticas. Respecto a la libertad condicional esto tiene un impacto relevante de cara a la vida de las mujeres y sus familias.
“Tenemos un sistema penitenciario que históricamente no ha considerado la situación de las mujeres, y esto tiene que ver con una mirada que ha tenido la delincuencia de ellas. La infracción femenina se mira como una doble ofensa: jurídicamente, por el delito, y el reproche social, porque al haber cometido un delito también infringe lo que se espera de una buena mujer. En general las mujeres no han sido visibilizadas en el sistema y tampoco éste se ha encargado de atender sus necesidades, porque se entiende que ha sido construido pensando en el sujeto dominante, en el hombre que ha cometido un delito, entonces se dice que la infraestructura, la organización y las actividades de reinserción, han concentrado su actuar en los varones”, añadió.
Respecto al estudio realizado con una colega y desarrollado por la DPP con apoyo de Euro Social -donde entrevistaron a mujeres privadas de libertad del CPF de San Joaquín, Valparaíso y Rancagua, además de defensores penales públicos y defensores regionales, entre otros- explicó que “se dieron a conocer las condiciones de precariedad en que muchas veces se encuentran, fundamentalmente atendida por la infraestructura y la precariedad de la atención de una serie de derechos, como temas de salud”.
“Otra de las cuestiones que emergió en este estudio se vincula al hecho de que la situación de las mujeres es muy compleja en una serie de sentidos, particularmente de cara a la reinserción. Es decir, hay menor cantidad de actividades de reinserción que se ofrecen a las mujeres. Y tienen menos posibilidad de acceder a los denominados derechos o beneficios intrapenitenciarios, entre ellos la libertad condicional. Se conoció el nivel de discrecionalidad que existe al interior de Gendarmería para hacer una evaluación del comportamiento de las mujeres, cómo operan ciertos estereotipos de género para estos efectos”, subrayó.
“Por último, señalar que en esto tiene un valor fundamental lo que señalan las reglas de Bangkok y el derecho internacional de los derechos humanos que, en general, desafortunadamente, no son tomados en cuenta por nuestra jurisprudencia. Nosotros contamos con estándares internacionales que no son observados en la elaboración de los informes técnicos por parte de Gendarmería, y no son tomados en cuenta ni por nuestra normativa ni por nuestra jurisprudencia. Esta normativa ha sido acogida de manera parcial por nuestra jurisprudencia, y en aquello me parece que los abogados tienen que seguir tensionando el sistema”, cerró.
