Académico fue parte de la actividad organizada por la Universidad Miguel Hernández, de Elche, España.
Con la ponencia “El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en justicia en Chile”, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Enrique Letelier, participó en el congreso internacional “Los ODS en la justicia: El Derecho Procesal y la Inteligencia Artificial”, organizado por el área de Derecho Procesal de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, España.
Al académico de la UV le correspondió integrar la mesa “Los objetivos de desarrollo sostenible en la justicia latinoamericana”, donde compartió panel con docentes de Colombia, España y Perú. En la instancia, expuso acerca de cómo se han desarrollado los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en la justicia chilena, particularmente en los últimos años.
Explicó que “los 17 ODS fueron acordados por Naciones Unidas en 2015 y se fijó una agenda de desarrollo con miras al año 2030, por lo que todos los países suscriptores asumieron el deber de adoptar políticas para su desarrollo. Cada país debe presentar informes periódicos, con datos validados a través de metodologías también validadas según estándares internacionales”. De esta manera, el enfoque de su presentación estuvo centrado en el ODS 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusiva que rindan cuentas”, que cuenta con 12 metas, refiriéndose en particular a los indicadores de la meta 16.3, vinculada a la obligación de “promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.
“Si bien en el contexto regional de América Latina y el Caribe, según los reportes internacionales y los dos informes voluntarios presentados por Chile, nuestro país se ubica en primer lugar en cuanto al avance en el cumplimiento de los ODS, el avance regional ha sido relativamente lento. La realidad nacional informa que en algunos ODS ha habido un desarrollo exponencial (por ejemplo, ODS 1 que tiene como objetivo poner fin a la pobreza), precisamente en la ODS 16 que atañe a la justicia se muestra un estancamiento, con particular detalle en algunos aspectos”, explicó.
“Por cierto que en el análisis de las razones que explican el comportamiento del país en las metas que imponen las ODS hay que considerar diversos factores, algunos de los cuales no estuvieron presentes al momento que ONU las adoptó. El estallido social de 2019, el proceso constituyente en que se ha embarcado el país y la crisis sanitaria por la pandemia del virus SARS-CoV-2, son fenómenos que deben considerarse. Pero, además, hay otros se arrastran desde antiguo en el país, como el uso excesivo de la prisión preventiva y los importantes casos de corrupción”, detalló.
Destacó que a pesar de que en el período que comprenden los últimos informes hasta la actualidad ha habido algunos avances, como por ejemplo en el progresivo avance de la e-Justicia, la vigencia de la ley de identidad de género, la ley anticorrupción, la institución Defensoría de la Niñez y el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, quedan tareas aún pendientes, “como el postergado proyecto de nuevo Código Procesal Civil, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el proyecto de ley sobre garantías y protección integral de la niñez y la adolescencia y, por cierto, el proceso constituyente que está en curso”.
“Pero también se identifican algunos nudos críticos que afectan el desarrollo del ODS 16: cómo el sistema se hará cargo de la reactivación de los procesos civiles paralizados por la pandemia y del previsible aumento en la litigiosidad civil, de familia y laboral; la brecha digital de acceso y de uso eficiente de las tecnologías; la constante amenaza de corrupción (en los últimos tres años Chile ha descendido una par de puestos en percepción de corrupción según el ranking de Transparency International); la generalizada desconfianza de la población en las instituciones (según un estudio de ICREO el promedio de confianza de los chilenos en las instituciones es de 3,7 en escala de 1 a 7); los elevados índices de desigualdad en Chile (de acuerdo con el coeficiente Gini); y la debilidad para la institucionalidad ambiental que significa la reticencia del Ejecutivo en firmar el Acuerdo de Escazú, entre otros”, subrayó.
En materia de justicia penal, detalló que “hay algunos indicadores preocupantes, por ejemplo, el de población sujeta a prisión preventiva. En Chile actualmente hay alrededor de un 35,5% de población penal sujeta a esta medida cautelar (según la estadística de Gendarmería de Chile), considerando la totalidad de la población reclusa, lo que supera los estándares internacionales tolerables. Ello es un síntoma de que la prisión preventiva es utilizada no siempre con fines estrictamente cautelares, sino que también con finalidades predelictuales y asegurativas”.
En cuando a la materia de violencia intrafamiliar, añadió que “entre 2017 y 2020 ha habido un incremento de más de tres puntos porcentuales en víctimas que expresan haber sufrido VIF en los últimos 12 meses, con prevalencia de la violencia psicológica aumento que es significativo, según muestran las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y no deja de resultar inquietante que un porcentaje la notoria baja en el porcentaje de víctimas que denunciaron, según las mismas estadísticas de 2020, comparadas con las de 2017, y más alarmante aún es constatar que un porcentaje relevante no denunció porque ‘no cree que sirva denunciar’ o ‘ya denunció antes y no sirvió de nada’, lo que significa que el sistema de justicia no es visto por las víctimas como una herramienta eficiente ni confiable”.
“Son muchos los factores que deben observarse para evaluar el rendimiento del ODS 16 y que, a pesar de estar bien situados regionalmente, explican su estancamiento en Chile. Entre ellos se destacan la diversidad de metas requiere de indicadores alimentados con metodología correcta y, en algunos casos la falta de datos (institucionalidad débil en seguimiento ODS) retrasa proceso de informes voluntarios. Hay tareas pendientes, algunas con mucho retraso, como la influencia de factores no previstos por Agenda 2030 ONU, y la ralentización del desarrollo económico”, cerró.
La participación del académico de la UV se puede revisar acá.
