Coordinadora y docentes participaron en Primeras Jornadas Nacionales de Enseñanza Clínica del Derecho.
Acerca de la labor en los procesos prácticos de enseñanza-aprendizaje y en la tramitación de causas, expusieron tres integrantes de la Clínica Jurídica y de DDHH de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, en las Primeras Jornadas Nacionales de Enseñanza Clínica del Derecho, organizadas por la Universidad de Chile.
Participaron la coordinadora de la Clínica Jurídica y de DDHH, Inés Robles, la profesora Paula Gutiérrez y el académico Cristian Rivera, quienes fueron parte de la mesa seis de las jornadas, denominada “Trabajo clínico jurídico en derechos humanos”.
Representación a víctimas de tortura durante la dictadura militar
La profesora Inés Robles expuso acerca de la representación a víctimas de tortura durante la dictadura militar, correspondiente a un programa de la Clínica Jurídica y DDHH. Primeramente, contextualizó parte de la historia de la unidad, explicando que “el Consultorio Jurídico se inauguró cuando era sede de la Universidad de Chile en 1970, como una iniciativa de estudiantes en el contexto de la reforma universitaria en Chile y del movimiento global de clínicas jurídicas. Con los años pasó a ser una asignatura obligatoria y pasó a llamarse Clínica Jurídica. Las nuevas visiones de la enseñanza-aprendizaje del derecho le dieron un rol preponderante a la clínica, y a propósito de los procesos de acreditación hubo nuevos enfoques, se agregaron nuevos profesionales y se fortaleció el trabajo. El año 2018 se inicia un proyecto piloto de clínicas especializadas con enfoque de DDHH y de género en el área de migrantes y de derecho penitenciario, y en 2019 se realiza un programa de formación para víctimas de tortura durante la dictadura militar, donde participaron PRAIS, Brigada de DDHH de la PDI, INDH, CAJMETRO, Escuela de Derecho UV y SML. A finales de ese año, la contingencia del país nos condujo a iniciar un área de violencia institucional, y asumimos la representación de víctimas del denominado estallido social”.
Respecto a las prácticas judiciales en delitos de lesa humanidad, explicó como fundamentos que “no había mecanismos de acceso a la justicia para víctimas de tortura; la falta de acceso a la justicia afectaba la salud física y psíquica de las víctimas, que en general tienen dificultades de carácter de salud; y que las alternativas de representación jurídica no venían del estado y se concentraban en agrupaciones de víctimas y familiares”
“En el marco de un convenio celebrado con PRAIS decidimos ir avanzando, cumpliendo con el rol que debe tener una universidad pública en el contexto de reparación, pero esta tarea presentaba una serie de dificultades: la antigüedad del procedimiento penal que se aplica en estas materias, los pactos de silencio y actuar de los perpetradores, y las diligencias investigativas y paso del tiempo”. Sin embargo, logramos desarrollar el programa de formación con logros de aprendizaje establecidos: comprender el marco normativo internacional relacionado con las violaciones sistemáticas, masivas e institucionalizadas de derechos humanos; comprender las acciones judiciales y administrativas que ha llevado adelante el estado de Chile para cumplir con sus obligaciones internacionales respecto de la reparación de las personas que fueron víctimas de las violaciones sistemáticas, masivas e institucionalizadas de derechos humanos; conocer la estructura y funcionamiento de los procesos judiciales en delitos contra los derechos humanos; y elaborar estrategias jurídicas desde un abordaje biopsicosocial”, añadió.
Explicó que los temas en que fueron formados los estudiantes consideraron marcos internacionales relacionados con la violación sistemática, masiva e institucionalizada de derechos humanos, particularmente el caso de Chile; leyes vinculadas a la violación sistemática, masiva e institucionalizada de derechos humanos (reparación y amnistía) y programas de reparación; estructura del proceso penal inquisitivo; las pericias investigativas; la responsabilidad extracontractual del estado como integrante de la reparación integral de víctimas de delitos de lesa humanidad; el rol de las instituciones públicas que trabajan con víctimas de violaciones contra los derechos humanos; el rol del juez que investiga casos de violaciones de derechos humanos en el periodo de la dictadura cívico militar chilena; secuelas en salud en sobrevivientes de tortura y aspectos generales del protocolo de Estambul; establecimiento de patrones macrocriminales y dificultades en la tramitación de casos de graves violaciones a los derechos humanos; y el marco jurídico de las desapariciones forzadas.
“Son importantes estas materias en la formación de los estudiantes, porque la enseñanza en derechos humanos por los propios operadores jurídicos del sistema, es una experiencia enriquecedora para los estudiantes. Acá no solo analizamos los temas desde la perspectiva teórica, que es el sustento de todo el trabajo que se desarrolla, sino que además tienen la posibilidad de trabajar con los operadores para poder ver las distintas perspectivas. Los estudiantes conocen las historias, se comprometen con la representación, entienden estas dificultades y complejidades, y posiblemente -creo yo que es el mérito más importante- inculca a los estudiantes una real importancia del respeto y de la promoción de los derechos humanos. Existe ya una visión crítica por parte de los estudiantes respecto de qué ocurre cuando los derechos humanos son vulnerados de la manera en que ocurrieron en la dictadura militar, y el hecho de haberlos preparado en esta materia los sensibilizó respecto de estas temáticas, y eso permitió que tuvieran un rol activo a propósito de lo ocurrido en el estallido social y las graves vulneraciones a los derechos humanos que se vivieron y que todavía se viven en ese contexto. Eso implica que los derechos humanos calaron profundo en nuestros estudiantes, y esta formación los va a hacer agentes que hacen carne y acción el desarrollo y tratamiento de los derechos humanos”, cerró.
Estallido social y análisis de Oficio FN N° 037/2019
Posteriormente expusieron Paula Gutiérrez y Cristian Rivera, expusieron sobre la labor de la Clínica Jurídica y de DDHH en el contexto del denominado estallido social, junto con un análisis práctico y los desafíos del Oficio FN N° 037/2019, “trabajo relacionado con las violaciones a derechos humanos generadas a partir de octubre de 2019, orientado a las acciones interpuestas a partir de esa fecha por el equipo de la Clínica Jurídica mirando el aspecto penal, que normalmente no está tan asociado a la labor clínica de los estudiantes a nivel nacional, dado que no pueden comparecer”, explicó la académica.
“A partir de octubre de 2019 ocurre el estallido social en Chile que motivó a ciudadanas y ciudadanos a volcarse a las calles a ejercer el derecho a reunión pacífica y a protesta social. No obstante, en paralelo, nos vimos sorprendidos con la reacción del estado frente a este ejercicio, en particular con una serie de violaciones a derechos humanos que se generaron en este contexto. La coordinadora y autoridades centrales de la UV decidieron poner a disposición el servicio jurídico que presta la Clínica Jurídica y de DDHH, con docentes y estudiantes, momento en que no teníamos conocimiento ni planificación de la magnitud que esto iba a tener. Esperamos no tener que hacer este tipo de labor, porque significaba que había vuelto la violación a derechos humanos en Chile”, indicó.
Se refirió a las labores desarrolladas por los integrantes de la unidad, que en primera instancia fue “atender y realizar entrevistas a personas que habían sido víctimas de violación a derechos humanos por agentes del estado, lo cual lo empezamos a hacer en conjunto, docentes y estudiantes a la par, porque nuestros alumnos si bien tienen preparación en derechos humanos, estaban enfrentándose a una realidad absolutamente desconocida. Muchas veces tuvimos asesoría acompañamiento de psicólogos, y ahí hay un aspecto interdisciplinar que es indispensable para poder realizar estas labores que no tienen que ver solo con lo jurídico, sino que también con lo humano”.
“En un segundo aspecto, y con el objetivo principal de poder hacer seguimiento a las personas que fueron detenidas en ese tiempo, se generó un seguimiento para verificar que habían llegado a la comisaría y con posterioridad a control de detención. Por otro lado, relacionado a la asesoría y representación, las personas concurrieron a la Clínica Jurídica con el objeto de poder hacer algún tipo de presentación judicial, en algunos casos recursos de amparo preventivos o recursos de protección a propósito de la utilización de escopetas antidisturbios, utilización de perdigones y balines principalmente, y finalmente querellas, que son las que hoy se están tramitando con algunas dificultades”, añadió.
Por su parte, el profesor Cristian Rivera se refirió al análisis práctico y los desafíos del Oficio FN N° 037/2019, indicando que Fiscalía Nacional “hizo válido el espíritu de este oficio, que trata del marco de cómo se deben investigar los delitos de violencia institucional, y en base a eso se crea la mesa de violencia institucional, que es un trabajo interdisciplinario para buscar y coordinar criterios en investigación de estos delitos. Lo que hace este oficio es tomar una realidad práctica y concreta, que muchas veces es muy poco vista. Es una actualización de un criterio de investigación del año 2019, previo al estallido social, y lo que hace es reconocer que estamos con víctimas altamente vulnerables, donde hay peligros graves de cómo al realizar la investigación, y se hace cargo de que hay que investigar, y establece criterios para llegar a buen puerto. En razón este oficio se establece uno de los mandatos principales, que es el trabajo de la mesa de coordinación para poder llevar las investigaciones, donde participan litigantes que son el Consejo de Defensa del Estado y el INDH. Ellos por regla general son los primeros que deben participar, pero también el oficio entiende que hay otras personas, figuras o intervinientes relevantes, y deja abierta la posibilidad a que otros organismos ingresen, y es ahí donde ingresamos nosotros, e integra otros servicios y organismos que importantes en la región”.
“El eje de la Clínica Jurídica y de DDHH es el trabajo mancomunado de derechos humanos. Nosotros aprovechamos los conocimientos previos los alumnos y los talleres en formación en derechos humanos para poder realizar un trabajo especializado con nuestros estudiantes, con el fin de formarlos y prepararlos en formas de litigación estratégica y con la base de lo que nosotros hemos ido aprendiendo durante este año en investigación penal, sobre causas de violencia institucional. Para ello lo que hemos hecho es partir desde cero, y lo que pretendemos es que ellos puedan estar preparados para conocer una realidad de litigación en delitos como estos, con formación de derechos humanos con enfoque estratégico e interdisciplinario”, añadió.
“Uno de los grandes desafíos es cómo se está llevando la investigación y los disímiles criterios que hay en el enfoque de derechos humanos de los investigadores. Es por esto que nuestro trabajo con estudiantes ha llevado a ponerlos en la situación en que nosotros como litigantes encontramos, para que ellos entiendan que pese a que no pueden ser parte aún del sistema penal, estén preparados para ser futuros profesionales con capacidades y medios para poder enfrentarse a esa realidad. Esperemos que no se dé, pero si se da, que estén preparados para cualquier tipo de enfrentamiento en lo jurídico, que es ahí donde nos hemos posicionado”, cerró.
