Ambas entidades abordaron situación de mujer vietnamita que fue obligada a trabajar de lunes a domingo y realizar labores domésticas, sin recibir sueldo o beneficios.
De manera exitosa se cerró el caso de explotación laboral que sufrió una mujer de nacionalidad vietnamita en la comuna de Cabildo, en el cual colaboró la Clínica Jurídica y de DDHH de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso.
El caso fue investigado por el Ministerio Público, contexto en el cual el Estudio Jurídico Contreras Asociados y la Clínica Jurídica y de DDHH, decidieron interponer una querella criminal contra los dos imputados de nacionalidad china.
Según explicó Manuel Contreras, abogado del estudio y exalumno de la Escuela, “el caso se remonta al mes de mayo del año 2020, cuando en la comuna de Cabildo, se da a conocer el caso de una mujer vietnamita que fue arrojada a la calle, luego de ser obligada a trabajar en un local comercial de lunes a domingo y realizar labores domésticas, sin recibir ningún tipo de remuneración, esto por un lapso de tres años”.
El caso
Según consignan medios nacionales, la victima llegó el 1 de noviembre de 2017, e inmediatamente al día siguiente comienza a trabajar, siendo sometida a trabajos forzosos. Su horario comenzaba a las 08:00 y finalizaba a las 22.00 horas, hasta posterior de las 00:00, cuando llegaba mercadearía al local, la que debía descargar de los camiones. Además, debía barrer, cocinar, lavar y atender el local comercial de los imputados. La hicieron vivir todo ese tiempo junto a su hijo Tomás, en una bodega, donde guardaban la mercadería del local, en condiciones deplorables.
En el mismo sentido, la obligaron a firmar un contrato en un idioma que ella no conocía –español- bajo el acuerdo de que si completaba tres años trabajados para ellos, le pagarían toda la remuneración de manera conjunta. Se indica además que la mujer intentó en innumerables ocasiones volver a su país, pero los imputados chinos le negaron dicha posibilidad, pues debía trabajar los años acordados para realizar el pago, teniendo retenidos sus documentos oficiales, como cédula de identidad y pasaporte.
Se detalla además que el 20 de marzo de 2020 la víctima fue arrojada a la calle engañada, debido que iba a comprar, momento en que le lanzan sus pertenencias a la calle en bolsas de basura, mas no sus documentos oficiales, los que fueron recuperados posteriormente por Carabineros.
Manuel Contreras explicó que esta situación dio lugar a dos procesos paralelos: primero, el proceso laboral con la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, acción que fue seguida por la exalumna de Magíster en Derecho de la UV, Elizabeth Contreras Noguera, con el apoyo de la académica Daniela Marzi, acción que terminó favorablemente, obteniendo indemnizaciones por la suma de $81.000.000.
Detalló además que “en sede penal, se inició una investigación penal por parte de la Fiscalía Local de La Ligua, en donde el Estudio Jurídico Contreras Asociados junto a la Clínica Jurídica y de DDHH de la UV, en la figura de la profesora Fabiola Girão, decidieron interponer una querella criminal en contra de los dos imputados de nacionalidad china, convencidos de la existencia del delito de trata de personas con fines de trabajos forzados”.
“Tras una larga investigación y una cantidad innumerable de antecedentes, que daban por acreditado la existencia del delito, se logró la condena de los imputados, en procedimiento abreviado el 25 de marzo del 2022. Se les condenó a la pena de tres años y un día de reclusión menor en su grado máximo”, explicó.
Referente a la condena, el profesional explicó que “con Fabiola nos encontramos felices por los resultados, sobretodo porque de forma pública y en innumerables ocasiones, se intentó desacreditar las afirmaciones de la víctima. Sin embargo, gracias a un arduo trabajo en conjunto, se logró acreditar el delito, mediante la solicitud de diferentes diligencias de investigación y el acompañamiento de evidencias relevantes, que terminaron por convencer al ente persecutor de la existencia del tipo penal”.
“Es pertinente señalar que los ciudadanos en el contexto de un procedimiento abreviado, reconocen haberla sometido a trabajos forzados sin remuneración por medios de engaños, además de haber retenido su cédula de identidad y pasaporte. En definitiva, aceptan haber cometido el delito que se les imputaba”, puntualizó.
Sobre la colaboración con la Clínica Jurídica y de DDHH de la UV, aseguró valorar positivamente la instancia, indicando que “desde que apoyé el trabajo en el contexto del estallido social por hechos ocurridos en la comuna de Cabildo, se formó un lazo que se vio completamente fortalecido con la presente causa de trata de personas. Tuvimos un arduo trabajo junto a la profesora Fabiola Girão y la coordinadora de la unidad, Inés Robles, que requirió mucho estudio y análisis del tipo penal de trata de personas, sobre todo, teniendo en consideración que respecto de dicho delito existen escasas condenas en nuestro país”.
Labor de la Clínica Jurídica y de DDHH
La profesora Fabiola Girão explicó al respecto que “sabemos que hay una invisibilidad muy grande de los casos de trata en Chile. En la esfera penal es bien complejo obtener una condena porque muchas veces estos casos son interpretados como situaciones que solo llegan a configurar incumplimiento en la esfera laboral. El delito de trata se configura cuando implica trabajos forzados o trabajo esclavo. En esta situación específica fue posible probar que no hubo solamente explotación laboral, sino que se configuró una situación de exposición de una persona a trabajos forzados”.
“En el caso de nuestra usuaria, tuvimos una victoria porque logramos la condena penal, y además hubo paralelamente un proceso laboral que también fue exitoso, en que se reconoció una explotación desafiaba todos los límites de una mera irregularidad en el ámbito laboral, configurando una forma de trata de personas. De todas formas, pensamos que existe la necesidad de una reforma a nivel legislativo y un reforzamiento en lo que es la perspectiva de género en estos casos. Hechas esas consideraciones, entendemos que fue una sentencia importante para la región, porque visibilizó una situación clara de explotación laboral”, añadió.
“En relación a la participación de la Clínica Jurídica y de DDHH, nosotros fuimos querellantes en la causa penal, y Manuel Contreras fue quien llevó la causa laboral. Ese trabajo conjunto e interdisciplinario fue muy importante para lograr éxito en el caso, porque los estudios en ambas áreas se reforzaron. En este caso trabajamos con derechos humanos, Derecho penal, perspectiva de género y Derecho Laboral, con un equipo que estaba bien afiatado en esa visión interdisciplinaria del Derecho”, cerró.
Fotografía: difusión del caso en matinal “Mucho Gusto” de Mega.
