Más de 50 ponencias expuestas y participantes de diversas regiones del país, se registraron en las XLV Jornadas Chilenas de Derecho Público, que este año se desarrollaron durante dos días en dependencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso y cuyo tema central versó sobre la “Jurisdicción ordinaria y jurisdicción internacional ante el Derecho Público”.
La jornada inaugural estuvo encabezada por el decano Alberto Balbontín; el director de la Escuela de Derecho UV, Claudio Oliva y el presidente (s) del departamento de Derecho Público de esta unidad académica, profesor Ricardo Salas. Además, se contó con la conferencia inaugural a cargo del presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, quien expuso acerca de “La potestad regulatoria de la Corte Suprema a través de los autos acordados y su impacto en la independencia de la función jurisdiccional”.
En la oportunidad, el decano Alberto Balbontín manifestó que estas Jornadas “se han constituido en un referente de la actividad académica en el área del derecho público, que comprende el Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Político o Teoría Política y Derecho Internacional Público” y recordó que “las primeras Jornadas se celebraron el año 1961 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y se han mantenido hasta el día de hoy con cierta regularidad anual, salvo un período de interrupción entre 1967 y 1976”.
La discusión general de estas Jornadas se dio a partir del Capítulo VI de la Constitución Política, relativo al Poder Judicial y sobre el ejercicio de la jurisdicción por los tribunales internacionales, desde los diversos puntos de vista propios de la filosofía política, la teoría constitucional, el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho internacional público.
El decano de Derecho UV manifestó que el certamen abordó “tan importante y muy vigente vinculación entre dos ámbitos que tradicionalmente podrán haberse percibido como distantes, pero que la experiencia local y comparada, nos muestra una cada vez más intensa imbricación de ambos campos del derecho”.
Agregó que un ejemplo actual de la ineludible necesidad de abordar estos problemas “es el sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema que, al igual que lo que sucede con los miembros del Tribunal Constitucional, ha terminado por pervertirse, desde que se introdujo la participación de un órgano netamente político, como el Senado de la República, en el proceso referido. Las consideraciones ya no de alta política de Estado, sino de un nivel tan pedestre como las de orden partidista, han afectado la imagen de tales órganos jurisdiccionales, y han perjudicado a distinguidos miembros del mundo jurídico, quienes, a veces, da la sensación de que han sido usados como moneda de cambio para satisfacer intereses políticos subalternos”.
Recalcó que “por asegurar la plena vigencia de una de las más importantes bases fundamentales de la administración de justicia, como es la independencia del poder judicial o, lo que es más trascendente, de los jueces, se terminó contaminando el proceso de nombramiento”.
El profesor Balbontín prosiguió reflexionando y añadió que “cuando se habla de independencia en materia judicial, bien vale que en instancias como esta, se lancen preguntas como ¿de quién debe predicarse la independencia: del poder judicial o de los jueces?, ¿respecto quién se debe proclamar la independencia?, ¿es suficiente con afirmarla respecto de los demás poderes del Estado, o también, y más talvez, de sus superiores?, ¿debe serlo de la voluntad del legislador, o de la opinión pública, o de los medios de comunicación, o de sus propios criterios, principios, religión, ideología, etc?, ¿es lo mismo hablar de independencia de los jueces en EEUU, en Chile o en Venezuela?, ¿es realmente independiente un juez a quien ha debido asignársele resguardo personal?”.
Finalmente, puntualizó que “así como éste, o el siempre difícil tema de abordar, como es el denominado activismo judicial, donde el problema ya no es orgánico, sino que toca la dimensión funcional del trabajo judicial, hay numerosos otros donde la función jurisdiccional se encuentra estrechamente vinculada al derecho público o político. Es decir, en su orgánica, tanto como en el desafío que ha sido para la judicatura tener que hacerse cargo de conflictos donde el derecho público en sentido amplio, había estado tradicionalmente marginado de su esfera de competencia, se requiere la atención de la academia, tanto de esta rama del derecho como, por cierto, también desde la perspectiva del Derecho Procesal”.
PONENCIAS Y PARTICIPANTES
El coordinador general de las XLV Jornadas de Derecho Público, profesor de la Escuela de Derecho UV, Jaime Bassa, hizo entrega simbólica del evento, a su término, a la académica Ana María García de la Universidad de Chile, ya que este certamen se realizará en esa casa de estudios el año 2016.
Entre las ponencias que se desarrollaron durante dos días –que sumaron más de 50- y que se dividieron en las comisiones de “Teoría Constitucional y proceso constituyente”, “Derechos fundamentales y control constitucional”, “Comisión de Derecho Administrativo” y “Comisión de Derecho Internacional Público”, estuvieron: “¿Y la soberanía qué?, notas sobre la gran ausente del debate constitucional actual?”, por Felipe Lizama, de la Universidad del Desarrollo; “Crisis de representatividad y nuevos movimientos constituyentes en América Latina”, por profesor Christian Viera de la UV; “La interpretación constitucional en contextos multiculturales”, por Jaime Gajardo de la Universidad de Chile; “Los cambios constitucionales”, por Sergio Carrasco de la Universidad de Concepción; “Ciudadanía constitucional de niños, niñas y adolescentes”, por Domingo Lovera de la UDP; “Derechos políticos para una nueva Constitución”, por Pablo Marshall de la Universidad Austral de Chile; “Jurispridencia constitucional en materia de tratados y convenio 169”, por Enrique Navarro, de la Universidad de Chile, entre muchas otras presentaciones.
