“Análisis de la nueva institucionalidad ambiental, en particular desde la perspectiva del contencioso administrativo”, se denominó la conferencia que dictó el profesor de Derecho administrativo y Derecho ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jorge Bermúdez Soto, en el Aula Luis Vicuña Suárez de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso.
La actividad fue organizada por la Dirección de la Escuela de Derecho y la coordinación de Postgrado de esa unidad académica, que dirige el profesor José Luis Guzmán. Asistieron profesores, estudiantes y profesionales del área.
En la ocasión, el profesor Bermúdez aclaró que no es correcto definir lo ambiental como un sector individual, sino que por el contrario, se trata de un área que afecta a varios sectores en forma transversal y simultáneamente.
Asimismo, explicó en forma detallada la ley 20.417, que creó en el año 2010 el ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente, que vino a modificar la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.
El profesor de la UCV, entre otros temas, también se refirió a los tribunales ambientales instaurados en Chile a partir de fines del 2012, los que según señaló el académico, aún pasan un poco desapercibidos por la comunidad en general.
Explicó que los Tribunales Ambientales son órganos jurisdiccionales especiales, sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es resolver las controversias medio ambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento.
Recordó que para una primera etapa, se establecieron tres tribunales ambientales, uno con sede en Antofagasta, otro en Santiago y el tercero en Valdivia, los que se están instalando en forma progresiva.
Respecto a su naturaleza mixta, el profesor Jorge Bermúdez se mostró crítico, pues esto significa que están integrados por tres ministros: dos de ellos de profesión abogados y el tercero, un profesional con competencias científicas en el área medioambiental. “Este es un tribunal de Derecho, y por eso me parece extraño que sea de composición mixta. Si la idea del legislador era que tuviera un componente técnico, esto se podría haber resuelto por otra vía, con informes de peritos o con la participación de otras instancias científicas, ya que el tercer ministro científico, tampoco tendrá las competencias en todas las áreas del conocimiento de las ciencias ambientales, que son muy amplias”.
Finalmente se explayó sobre la participación ciudadana en la discusión de las materias ambientales y concluyó que es fundamental que la comunidad siempre se mantenga bien informada de los proyectos que se construyen en sus entornos y formulen las observaciones que le parezcan pertinentes, porque es un derecho adquirido.