Actividad fue organizada por el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso.
Con éxito se llevó a cabo el seminario “Justicia y recursos naturales: reinterpretando la protección medioambiental en la Antártica”, organizado por el Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE) de la Universidad de Valparaíso.
La actividad está asociada al proyecto FONDECYT Nº11180030 de la secretaria general de la Universidad de Valparaíso, profesora de la Escuela de Derecho e investigadora del CIFDE, Nicole Selamé.
En la oportunidad, expuso la profesora del departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Oslo Alejandra Mancilla, quien es experta en recursos naturales, justicia ambiental y teorías de la justicia.
La académica inició su presentación haciendo referencia a Tratado Antártico, explicando que se trata de un convenio que tuvo por finalidad zanjar las reclamaciones territoriales respecto de la Antártica. Luego habló acerca del Protocolo Ambiental, indicando que es uno de los instrumentos más ambiciosos a nivel mundial en cuanto a protección ambiental, en el sentido de los objetivos y principios que se propone, la prohibición de actividades de prospección y extracción minera, además de la creación de un Comité de Protección Ambiental. En el instrumento se consagra la protección global de la zona, entendiéndola como un deber de restringir las actividades humanas en el área antártica, esto es, al sur de los 60º de latitud sur.
Posteriormente, planteó los objetivos del Protocolo Ambiental, indicando que “la Antártica es el laboratorio a cielo abierto más grande del mundo y debe ser preservado como tal, porque nos ayuda a estudiar y entender todo tipo de cosas, desde cómo funcionan los sistemas de la tierra, las corrientes marinas y ambientales, la atmósfera y un largo etcétera”. Añadió además que en el Protocolo se menciona varias veces la necesidad de preservar la Antártica por su valor intrínseco, pero no se define qué constituye este valor en sí, dentro de las disposiciones del convenio.
Seguidamente, realizó un análisis de los problemas de adecuación e interacción que existen respecto del Tratado Antártico y el Protocolo Ambiental del mismo, indicando que en este último hay un claro problema de adecuación espacial. Al respecto puntualizó que la Antártica es una de las zonas más afectadas por el cambio climático, y que junto con el Ártico son las zonas que están cambiando más rápidamente. Por otro lado, si se analizan las partes consultivas y las actividades que realizan, de los diez mayores emisores de CO2 en el mundo, siete son partes consultivas del Pacto Ambiental. Además, de los diez mayores emisores de Gases Efecto Invernadero (GEI) en el mundo, siete son partes consultivas y una no consultiva. Por último, las partes consultivas representan 73% del total de emisiones de CO2 a nivel global y 63% de GEI a nivel global.
Finalmente detalló que, en relación a los problemas de interacción entre el Pacto Ambiental y otras instituciones de gobernanza ambiental, el más evidente de estos es que la Antártica no tiene representación en las COP del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático), de modo que sus intereses no se consideran directamente en las negociaciones referidas al cambio climático. Tras una ronda de preguntas entre las personas asistentes y la expositora, la investigadora y profesora Nicole Selamé cerró la actividad agradeciendo la instancia y la convocatoria generada.
