Docente fue parte del tercer capítulo del ciclo de conversaciones “La república democrática”.
Un amplio análisis respecto a cómo la eventual nueva constitución podría establecer las relaciones entre política, economía y sociedad, además de una reflexión sobre la necesidad de pensar la nueva institucionalidad en el contexto de cambio constitucional, desarrolló el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Jaime Bassa, en el tercer capítulo del ciclo de conversaciones “La república democrática”. La actividad es organizada por El Mostrador con el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
En su intervención, el académico explicó que “es fundamental pensar la nueva institucionalidad que nos espera, no solo desde las preconcepciones teóricas que cada persona pueda tener frente a las cuestiones que se van a tener que decidir en este contexto, entre ellas las relaciones entre el derecho, la economía y la sociedad. Hay que hacer el esfuerzo de levantar un diagnóstico respecto de cómo ha funcionado el orden constitucional actualmente vigente”.
“Todas y todos tenemos opciones políticas y formas de entender la sociedad distintas, así como maneras de interpretar la historia constitucional chilena, y es importante que en este momento constituyente todas esas visiones puedan ponerse sobre la mesa y dialogar en iguales condiciones, sin que estén condicionadas o predeterminadas por nuestras concepciones teóricas, sino que por el diagnóstico del presente. Esta es una cuestión relevante, porque el presente hoy está en crisis, y esa crisis toca también la relación que hay entre la constitución y la economía”, añadió.
Explicó que en Chile existe un sistema económico claro “sin mayor divergencia en la interpretación y configuración de eso que se ha venido a llamar orden público económico, y lo interesante es identificar los efectos que la aplicación de ese orden público ha generado en la sociedad, porque cuando uno piensa los derechos fundamentales en torno a los cuales está construido el orden público económico -en abstracto- vamos a llegar a ciertas conclusiones que, a mi juicio, son muy distintas a las conclusiones que podríamos arribar si esa misma reflexión se diera en concreto”.
“Nuestro orden público económico se construye sobre concepciones del principio de subsidiaridad, de la propiedad privada y de la forma en que la constitución garantiza, por un lado, la libre iniciativa económica y, por el otro, configura el estatuto del estado empresario. Esas preconcepciones de la constitución sobre propiedad, subsidiariedad y actividad económica privada y empresarial, no forman parte de un orden propiamente tal, en el sentido de que no son algo inmutable y que esté escrito en piedra, sino que, por el contrario, se van configurando de una determinada manera, que depende del contenido que le damos a esos conceptos. Lo interesante está en notar que, si bien en abstracto podemos estar más o menos de acuerdo en la necesidad de proteger, por ejemplo, la libre iniciativa económica, cuando revisamos los efectos que el ejercicio de ese derecho ha tenido en concreto, las conclusiones y afirmaciones pueden ser eventualmente muy distintas”, subrayó.
“Pensemos, por ejemplo, en que el derecho de la libre iniciativa económica ha sido uno de los pilares fundamentales, no solamente para garantizar el espacio necesario para que las empresas privadas desarrollen libremente ciertas actividades económicas, sino que para replegar al estado de las prestaciones sociales a partir de las cuales se ejercen los derechos fundamentales de carácter social. Ese no es un efecto políticamente neutro, pero tampoco es socialmente neutro, en el sentido de que la disparidad en las relaciones sociales que se construyen en torno al ejercicio de los derechos sociales es tan abismal, que detrás de la concepción de la protección de la libre iniciativa económica no hay solamente un ejercicio de teoría constitucional para la protección de un derecho, sino que hay un ejercicio derechamente de ingeniería social”, indicó.
El académico propone que “cuando nos sentamos a conversar en un momento constituyente respecto de la forma en que la constitución va a establecer las relaciones entre política, economía y sociedad, es fundamental mirar primero los efectos que ha generado la aplicación de estas instituciones, y especialmente cómo se reparten esos efectos en la sociedad. Estas instituciones que, en abstracto, pueden ser motivo de un importante consenso transversal y, en concreto, reparten beneficios y miserias de distinta manera en la sociedad. Los beneficios que significan la sobre protección de la propiedad privada no se reparten homogénea ni equitativamente, porque detrás de la forma en que el orden público económico vigente protege la propiedad privada, no está solo el interés constitucional de proteger el vínculo jurídico entre una persona y sus cosas, sino que está el interés político de proteger una determinada estructura de relaciones de poder. Es importante notar cómo esa lectura parcial del principio de subsidiariedad tiene un impacto en los tipos de vidas que se pueden llevar adelante cuando se ejerce el derecho a la salud en el sector público o privado, cuando se ejerce el derecho al trabajo con estabilidad laboral, buenas remuneraciones y sin lagunas previsionales o no, o cuando se ejerce el derecho a la educación en un sistema escolar público, gratuito, universal y de calidad, o en la lógica segmentada y segregada que vivimos en la sociedad”.
“Esto es fundamental para entender no solo cómo funciona el sistema constitucional chileno, sino además para entender qué tipos de cambios constitucionales necesitamos para responder a las demandas sociales que se han levantado. Es evidente que el actual orden político y constitucional no garantiza paz social, y si queremos que la nueva constitución contribuya en la construcción de una convivencia social y democrática pacífica, hay que identificar los problemas que ha tenido el actual diseño constitucional en materia de injusticia, inequidad y miseria, y seamos capaces de enfrentarlos y de superarlos, no para desequilibrar la balanza en la dicotomía tan rígida entre estado y mercado, sino que para incorporar la sociedad y a las decisiones democráticas”, cerró.
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