El académico fue entrevistado por El Mostrador sobre esta y otras medidas tomadas en los centros penitenciarios.
El profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Felipe González, fue entrevistado por El Mostrador acerca de las diferentes medidas que se han tomado a nivel nacional e internacional en centros penitenciarios, a propósito de la pandemia del COVID-19 y el riesgo de contagio al interior de las cárceles.
En la oportunidad, el académico de Derecho Penal advirtió el surgimiento de estrés carcelario, tras el instructivo emanado desde Gendarmería de Chile, en el que se establece la prohibición absoluta de visitas para todas las personas privadas de libertad en cárceles de la Región de Valparaíso. Esta medida considera que en la mayoría de los recintos penitenciarios no existe atención de salud capaz de contener la propagación del coronavirus. Sin embargo, a juicio del docente, esto podría elevar los niveles de estrés de la población carcelaria, tal como ya ha ocurrido en otros penales de Latinoamérica donde se han implementado medidas similares.
Consultado sobre la medida, el profesor Felipe González explicó que “ya a mediados de marzo se había realizado un sistema de restricción de visitas. Por ejemplo, un máximo de dos personas y solo una hora, y que se suspendían las visitas intercarcelarias, entre otros. Sin embargo, con el nuevo instructivo se suspenden completamente todas las visitas en la Región de Valparaíso. Es importante en el sentido de que, efectivamente, evita que entren mayores factores de riesgo para los contagios en la población carcelaria, que es una población muy vulnerable para los efectos de la pandemia, principalmente por las situaciones de salubridad, por el alto hacinamiento que tienen las cárceles actualmente, y la poca capacidad de poder aislar y mantener distancia entre las personas”.
Según el docente, lo anteriormente descrito efectivamente genera una situación de estrés, “ya se está viendo la experiencia de Brasil, en donde la población penal comienza a estresarse y a angustiarse por lo que acontece afuera, y además el hecho de quitarles esta situación de arraigo familiar, de poder saber cómo están sus familiares, cómo está la realidad afuera, y en definitiva poder comunicarse con el exterior, que es básicamente uno de los grandes pilares que los mantiene más tranquilos dentro del cumplimiento de su pena”.
Considerando el contexto, el académico habla de diferentes alternativas, como, por ejemplo, establecer un sistema de llamadas telefónicas o de control por videoconferencia con las familias en los distintos penales, cosa de que durante el día los presos puedan tener algún grado de comunicación con sus seres queridos que se encuentran afuera. “Esta no es una experiencia que se aleje mucho de la realidad chilena. Por ejemplo, en la Región de Valparaíso, en el CIP-CRC de Limache (ex Lihuén), un centro de internación provisoria de los menores de edad, llegan menores incluso desde la ciudad de San Antonio, y para una madre, padre o hermano viajar a ver a un niño que está en internación provisoria en Limache, son más de tres horas de viaje, además del gasto económico. Ante esto, la Defensoría Penal Pública tiene un sistema de videollamadas precisamente desde San Antonio a un cuarto con cámaras y televisor en el establecimiento de Limache, para poder comunicarse con estos menores. Se podría establecer esta tecnología en las cárceles, habría que invertir un poco más, pero esto yo creo que a la larga va a desestresar a la población penal, porque una población penal estresada en estas circunstancias va a generar probablemente mayores estragos e incluso costos de los que eventualmente una buena inversión para este tipo de comunicación podría facilitar”, explicó.
Respecto a la Ley de Indulto Conmutativo, que beneficiará a unos 1.300 internos que podrán cumplir su pena en arresto domiciliario, dada la situación de riesgo por la pandemia, el docente lo ve de manera positiva. “Chile es uno de los países que una de las poblaciones carcelarias más grandes de Sudamérica, junto con Brasil. En particular, para decirlo de alguna forma, en nuestro país somos bien buenos para meter presa a la gente. El gran porcentaje de la población carcelaria no dice relación con delitos violentos, como homicidios o violaciones, ese es un porcentaje mucho menor. La mayor cantidad de personas que tenemos privadas de libertad generalmente son por delitos contra la propiedad, que por cierto son delitos graves, pero son menos graves de lo que uno piensa en el consciente colectivo, considerando por otro lado a homicidas, violadores y violadores de Derechos Humanos, entre otros. Esa no es la situación, sino que apunta precisamente a personas con delitos menores, que estén a cierto punto de cumplir con una condena, y que cumplan también con los requisitos de rango de edad: mayor de 65 años y que estén dentro de la población de riesgo. Esto permite facilitar la liberación de estas personas y sustituir la pena privativa de libertad en un centro penitenciario por una pena distinta, como puede ser el arresto domiciliario tota”, puntualizó.
Con el objetivo de hacer una valoración estadística de la situación carcelaria en Chile, el profesor añadió que “según datos de Gendarmería de enero de 2019, bajo un régimen cerrado, tenemos cerca de 40 mil personas privadas de libertad. Luego tenemos 50 mil personas con penas sustitutivas, como firma mensual, libertad vigilada, arresto domiciliario parcial, etc. Entonces existen formas alternativas a la prisionalización respecto de delitos que no son graves y que sí descongestionan la cárcel. Actualmente tenemos una congestión de un 100% de sobrepoblación, y en cárceles como Limache tenemos un 189% de sobrepoblación. En consecuencia, no estamos dando abasto como sociedad para mantener a personas que están privadas de libertad por un delito contra la propiedad, protegidas de una situación como esta pandemia. En consecuencia, las medidas no se deben tomar solo a nivel administrativo y a nivel legislativo y judicial, sino que tiene que ser un conjunto, proyectos de ley que favorezcan el indulto, jueces de garantía que establezcan estándares un poco más altos respecto de ciertos delitos para decretar la prisión preventiva, y en definitiva también facilitar modos de cumplimiento alternativo”.
Consultado sobre las soluciones que se han adoptado en cárceles a nivel internacional, el académico explicó que “en distintos lugares del mundo se están practicando indultos y liberaciones precisamente en este contexto. Sin ir más lejos, por ejemplo, en la República Islámica de Irán se liberó temporalmente a 85 mil prisioneros, y la población carcelaria de Chile está en el orden de 45 mil; en Afganistán se liberaron 10 mil presos, en su mayoría mujeres; en Portugal están promoviendo una ley de indulto que va a beneficiar aproximadamente a mil personas, con una flexibilización del cumplimiento de la ejecución de las penas privativas de libertad, y también pidiéndole a los jueces que tengan un estándar más alto para decretar la prisión preventiva respecto de delitos menores, que a veces en la práctica, antes del coronavirus, quedan en prisión preventiva, pero que se prefiera ahora el arresto domiciliario total. En Westfalia, Alemania, se ha liberado aproximadamente a mil prisioneros; en diferentes estados de Estados Unidos se han liberado a cientos de personas en prisión preventiva y también se ha otorgado varios indultos precisamente para esas personas”.
“Muchas legislaciones internacionales están tomando medidas, precisamente porque el hacinamiento es un problema, y la situación de las cárceles, en lo que dice relación con el contagio, es una de las instituciones más vulnerables para este tipo de pandemia. En consecuencia, esto no es solo una cosa de Chile”, cerró.
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